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Comúnmente asociamos el concepto de delito con el de infracción administrativa, y no es del todo correcto. López de Castro Abogados, despacho de abogados de Sevilla, ponemos fin a tus dudas.

La infracción en la vida real

En la vida real se plantean supuestos que separan el delito de la infracción administrativa con una línea muy borrosa. En otros casos, la diferencia sí es bastante notable y clara. Para encontrar la distinción, nos basamos en lo establecido por la Ley y los mecanismos adecuados que se han conformado hasta hoy.

El delito

Un delito se considera una acción u omisión que viola las leyes establecidas por la sociedad. La sanción se ejecuta por parte del Estado. Este impone medidas tales como el pago de multas o la prisión. Todo dependerá de su gravedad, para ser clasificadas como infracciones menores o bastante graves. Los delitos recogen infracciones desde el exceso de velocidad, hasta un crimen de asesinato.

¿Un delito corresponde a un solo individuo?

La respuesta es que no. Un delito recoge la infracción de un usuario e incluso de un grupo de personas, sea intencional o no. Para medir la gravedad de un delito, se estudia el daño que ha provocado a la sociedad o a la persona perjudicada. Por eso, un delito se considera una violación de los derechos y obligaciones legales establecidos en una sociedad.

Asimismo, un delito puede lesionar a una fuerza como el Estado, en situaciones de traición e incluso terrorismo. Por tanto, el delito se entiende como una conducta contraria a la ley. Un delito, en resumen, amenaza la seguridad del bienestar de una sociedad.

La infracción administrativa

Puede cometerse por un único individuo, por una empresa y hasta por una entidad gubernamental. Normalmente, su gravedad es inferior respecto a los delitos. Eso no implica que una infracción administrativa no tenga consecuencias negativas bastante significativas para la persona o entidad perjudicada. En este caso, es la autoridad administrativa la encargada de establecer normas y regulaciones. Será la responsable impartir las diferentes sanciones.

En el caso de cometer una infracción administrativa, se entiende que hay una intención por parte del infractor de cometer este acto. En Derecho, esto aprueba que existe Dolo. Un caso de infracción administrativa puede ser el falseamiento de la documentación presentada a la Administración Tributaria. Al igual que lo es una deducción indebida o un impago a Hacienda, entre otros supuestos.

Conclusión

Por muy sencillo que pueda parecer, hay “delitos” que requieren un estudio profundo para determinar si es un caso de delito o de infracción administrativa.

Un ejemplo de este planteamiento son los “delitos” contra los recursos naturales y el Medio Ambiente. Determinar si la conducta ha sido delito o infracción administrativa puede implicar varios años. Esto se debe a que las infracciones ambientales pueden variar en su gravedad, impacto y duración. A menudo, implican una serie de factores atenuantes, como la intencionalidad y la negligencia.

El proceso de decisión puede verse retrasado por la exigencia de llevar a cabo investigaciones y recopilar pruebas para confirmar si es un caso de delito penal o de infracción administrativa. Además, el proceso de toma de decisiones también puede ser influenciado por los diferentes factores políticos y sociales.

En general, hay que asegurar si los hechos tendrán una pena o sanción administrativa mediante los mecanismos establecidos adecuadamente. Estos habrán sido fijados por los agentes implicados y las Administraciones Públicas con relevancia en el perjuicio afectado. Con ello, podrá iniciarse un procedimiento sancionador y la suspensión de este hasta la resolución por la vía penal.

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