Pronunciamiento del TS sobre responsabilidad penal personas jurídicas
16852
post-template-default,single,single-post,postid-16852,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
 

Primer pronunciamiento del TS sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

responsabilidad-penal-personas-jurídicas

14 Mar Primer pronunciamiento del TS sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introduce en el Código Penal español a través de la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Dicha regulación atiende a las continuas demandas realizadas por los Convenios Internacionales suscritos por España, desde los cuales se venía inquiriendo una respuesta penal para las personas jurídicas.

Las sucesivas reformas acometidas desde la entrada en vigor de la desde la LO 5/2010 han perfilado y mejorado el marco de responsabilidad exigido en nuestro país a las personas jurídicas.

El actual artículo 31 bis del Código Penal se encarga de regular los supuestos en los que las personas jurídicas se entenderán como sujetos penalmente responsables. Así, la persona jurídica será responsable de los delitos que se hayan cometido:

  • En su nombre o por cuenta de la misma, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  • En el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

Asimismo, es el art.31 bis el encargado de regular los supuestos en los que la persona jurídica puede quedar exenta de responsabilidad penal por los delitos cometidos en el seno de la misma.

Desde su regulación la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha sido de muy escasa aplicación. Tanto es así que la primera sentencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas por parte del Tribunal Supremo se ha hecho esperar hasta el pasado día 29 de febrero de 2016.

En dicha resolución la Sala II del Tribunal Supremo considera responsable a una persona jurídica tras quedar acreditados los dos primeros requisitos previstos en el art. 31 bis del C.P.:

1º.- La comisión de uno de los delitos integrantes del catálogo de aquellas infracciones susceptibles de generar responsabilidad penal para la persona jurídica en cuyo seno se comete, en este caso el delito contra la salud pública inventariado a tal efecto en el art. 369 del Código Penal .

2º.- Que las personas físicas autoras de dicho delito son integrantes de la persona jurídica, en esta ocasión como administradores de derecho y de hecho, respectivamente, de la misma.

Importante mención realiza la sentencia a la eximente prevista en el art. 31 bis 2 del C.P. -Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la letra a) del apartado anterior, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones: 1.ª el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión; 2.ª la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica-. En este sentido sostiene la Sala que:

«el núcleo de la responsabilidad de la persona jurídica no es otro que el de la ausencia de las medidas de control adecuadas para la evitación de la comisión de delitos, que evidencien una voluntad seria de reforzar la virtualidad de la norma, independientemente de aquellos requisitos, más concretados legalmente en forma de las denominadas “compliances” o “modelos de cumplimiento”, exigidos para la aplicación de la eximente que, además, ciertas personas jurídicas, por su pequeño tamaño o menor capacidad económica, no pudieran cumplidamente implementar.»

 La sentencia, que cuenta con el voto particular de 7 de los 15 magistrados del Pleno, confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, dictaminando que: «la acreditada ausencia absoluta de instrumentos para la prevención de delitos en la mercantil hace que, como consecuencia de la infracción contra la salud pública cometida por sus representantes, surja la responsabilidad penal para esta persona jurídica.»

Para más información ver: Sentencia del Tribunal Supremo

María Navarro García. Abogada en López de Castro Abogados

@Marnavgar

No hay comentarios

Post A Comment