La cualificación de una persona no elimina su condición de consumidor. -
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La cualificación de una persona no elimina su condición de consumidor.

27 Oct La cualificación de una persona no elimina su condición de consumidor.

El pasado 3 de septiembre de 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia por la que resolvió una cuestión prejudicial planteada en virtud de lo dispuesto en el art. 267 TFUE por un Juzgado de Rumanía, inserta en un procedimiento entre una persona física que se dedica profesionalmente a la abogacía y una entidad crediticia.

El asunto debatido en el tribunal de Rumanía es el siguiente:

Un abogado demanda a una entidad crediticia por entender que en el contrato que suscribió en su día con dicha entidad existen cláusulas abusivas y solicita su eliminación y devolución de las cantidades abonadas en virtud de dichas cláusulas.

Para la resolución del conflicto resulta imprescindible determinar si el abogado actúa en dicho contrato como consumidor o como profesional, pues sólo podrá apreciarse la posible abusividad de las cláusulas insertas en el contrato en el caso de que el mismo haya sido formalizado entre un empresario (en este caso la entidad crediticia) y un consumidor.

Las dudas vienen planteadas puesto que, el contrato de crédito suscrito en su día entre las partes no manifiesta expresamente la finalidad del préstamo y, además, el abogado, actúa por un lado como prestatario y, por otro, como representante de su bufete de abogados que garantiza el préstamo mediante una hipoteca sobre un bien inmueble perteneciente al despacho.

Así las cosas, la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal rumano al TJUE es la siguiente:

Debe interpretarse el artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con la definición del concepto de “consumidor”, en el sentido de que incluye o, por el contrario, de que excluye de tal definición a una persona física que ejerce la abogacía y celebrado un contrato de crédito con un banco, sin que se especifique el destino del crédito, figurando expresamente, en el marco de dicho contrato, la condición de garante hipotecario del bufete de esta persona física?”

En otras palabras, la cuestión prejudicial planteada puede dividirse en dos cuestiones:

¿Puede una persona con conocimientos técnicos sobre el contrato que formaliza ser calificado de consumidor? –En este caso abogado especialista en derecho mercantil contrata un crédito bancario.-

¿El hecho de que el contrato contenga un contrato accesorio en el que la persona actúa como representante de una empresa, afecta a la condición de consumidor? –En este caso el abogado actúa en nombre de su bufete procediendo a hipotecar un bien inmueble que pertenece al despacho, o lo que es lo mismo el bufete es garante hipotecante en el crédito formalizado.-

Plateadas estas cuestiones el TJUE comienza su sentencia recordando las bases de la Directiva 93/13/CEE.

  • La Directiva protege a los consumidores ante el uso de cláusulas abusivas por parte de los empresarios, siendo aplicable ésta única y exclusivamente a los contratos celebrados entre empresarios y consumidores.
  • Consumidor es toda persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional.
  • Profesional es toda persona, física o jurídica, que actúa en el marco de su actividad profesional.

En conclusión, lo que resulta determinante para aplicar la Directiva en cuestión, es la condición de los contratantes, dependiendo ésta de si los mismos actúan o no en el marco de su actividad profesional.

Asimismo, el TJUE recuerda:

  • La protección dada al consumidor se debe a que éste se halla en una situación de inferiores respecto al profesional, tanto respecto a su nivel de información como a su capacidad de negociación, la cual resulta prácticamente nula.
  • La Directiva mediante su art. 6 pretende restablecer el equilibrio contractual estableciendo de forma imperativa que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor.

Establecidas estas premisas, debemos tener presente; en primer lugar, que una misma persona puede actuar en su ámbito personal y en su ámbito profesional, y de ello dependerá si es consumidor o no, puesto que el concepto de consumidor es objetivo.

Entrando en la resolución de la cuestión prejudicial, el TJUE respecto al hecho de que el contrato no expresa la finalidad del crédito, manifiesta que no es labor de éste tribunal enjuiciar el fondo del asunto controvertido, siendo el juez nacional el que, a la vista de las pruebas obrantes en el procedimiento, debe observar todas las circunstancias del caso en concreto para determinar la finalidad del contrato suscrito entre las partes si el mismo no lo especifica.

En cuanto a la cualificación de la persona, o información disponible de la persona, el TJUE determina que la misma resulta irrelevante para su calificación como consumidor, siendo únicamente relevante si actúa o no en su ámbito personal –consumidor- o profesional –empresario o profesional-, pues una persona que actúa en su ámbito personal por mucha cualificación o información que tenga acerca del contrato que va a realizar no solo se encuentra en situación de inferioridad respecto al empresario debido a la información disponible sino también respecto a su capacidad de negociación, la cual es prácticamente nula.

En conclusión, el hecho de que una persona tenga formación o información técnica y específica acerca del contrato que va a suscribir con un empresario no elimina su condición de consumidor respecto al Derecho Europeo –Directiva 93/13/CEE-, en tanto dicho concepto –consumidor- depende única y exclusivamente de un parámetro objetivo, el cual consiste en si la persona física actúa o no en su ámbito personal.

Por último, respecto al hecho de que la persona física contratante actúe en ese mismo contrato como representante de una entidad profesional –en este caso el bufete de abogados-, pero en un ámbito accesorio al contrato principal –garante hipotecante-, no afecta a su condición de consumidor –o profesional-, del contrato principal –en el caso enjuiciado, el hecho de que el abogado ejerza como representante del bufete para que esta entidad actúe en el contrato suscrito como garante hipotecante, no influye en la actuación del abogado como prestatario, y que como tal pueda ser calificado como consumidor, dependiendo esto en el presente caso del Juez nacional, en tanto el contrato no establece la finalidad del préstamo suscrito.-

Con esta sentencia el TJUE da un paso más en la protección de los consumidores, y elimina cualquier duda respecto al concepto de consumidor, en relación con la formación de las personas físicas que contraten en un ámbito ajeno a su profesión con un profesional, siendo su cualificación irrelevante para definirlos como consumidores, toda vez que dicho concepto jurídico es objetivo y depende única y exclusivamente del ámbito en el que la persona física contrate, no de las características subjetivas de dicha persona, como su formación, cualificación o información.-

Almudena Olivera Romero.

Abogada.

 

 

 

 

 

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