¿En qué casos puede la autoridad intervenir comunicaciones?
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Comunicaciones: ¿En qué casos puede la autoridad intervenirlas?

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18 May Comunicaciones: ¿En qué casos puede la autoridad intervenirlas?

Comunicaciones: ¿En qué casos puede el juez dar orden para intervenirlas?

CAPITULO I: ANTES DE LA REFORMA DE LA LECRIM. LEY ORGÁNICA 13/2015, DE 5 DE OCTUBRE

El art. 18.3 de nuestro Texto Supremo garantiza de forma expresa el secreto a las comunicaciones cuando manifiesta: «Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial».

La intervención de las comunicaciones telefónicas se trata de una cuestión que en el proceso penal ha de ser tratada con la mayor de las cautelas dada la proximidad que existe entre la adopción de estas medidas y una posible vulneración de derechos fundamentales.

Esta facultad de intervención de las comunicaciones telefónicas fue prevista por primera vez en la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde en su art. 579 venía a prever:

  1. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
  2. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.
  3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.

La escasa precisión de este precepto conllevó que, tanto el Tribunal Supremo, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tuviesen que suplir este vacío normativo con jurisprudencia..

Dicho precepto, que aparentemente pudiese no cumplir con las exigencias normativas que se derivan del art. 8 del  Convenio Europeo de Derechos Humanos -el cual protege el derecho al respeto a la vida privada y familiar y sostiene que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley.- aparecía pues repleto de carencias, no ya en lo que al contenido se refería sino a aquellas cuestiones imprescindibles que el propio articulo no contemplaba, entre ellas: el proceso de intervención telefónica, la duración de la ejecución de la medida, las condiciones del procedimiento de transcripción de las conversaciones interceptadas, las precauciones a observar para comunicar intactas y completas las grabaciones realizadas, a los fines del eventual control por el juez y la defensa, etc.

No obstante las carencias, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional (STC 184/2003, de 23 de octubre y de 26/2006 de 30 enero, entre otras) fue  contundente, y en este sentido declaró que aun a pesar de las omisiones de dicho precepto este cumplía con las exigencias del art. 8 CEDH. Expresamente manifestó en sendas resoluciones:

 «No puede afirmarse, en el momento actual, que el Derecho interno no respete las exigencias derivadas del art. 8 CEDH, sino que a este Tribunal le corresponde suplir las insuficiencias apreciadas en el precepto legal citado hasta que se produzca la necesaria intervención del legislador, […] Conforme señala el art. 5.1 de la LOPJ las resoluciones de este Tribunal en todo tipo de procesos vinculan a todos los Jueces y Tribunales, quienes han de interpretar y aplicar las Leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales interpretados por este Tribunal»

Ha sido pues la jurisprudencia[1] de los órganos anteriormente citados la que ha completado y perfilado el contenido de este precepto, sentenciando que una medida restrictiva del derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede entenderse constitucionalmente legítima desde la perspectiva de este derecho fundamental sí la resolución de adopción cumple con los siguientes requisitos:

1)     Ha sido adoptada por la autoridad judicial, ya que es únicamente el juez quien puede, a lo largo del proceso, acordar la misma, restringiendo o derogando el derecho al secreto a las comunicaciones.

Esta medida se limita en exclusiva al curso del procedimiento penal, no pudiendo autorizarse, en ningún caso, intervenciones telefónicas de carácter previo a la iniciación de un proceso judicial (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de junio de 1993 y de 25 de marzo de 1994.

2)     Que se adopte mediante resolución motivada de acuerdo con los artículos 18.3 de la CE y 579.2 de la LECrim.

3)     Si se adopta con finalidad exclusivamente probatoria de la existencia del delito, o para la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa o de las personas responsables del mismo, finalidad que en todo caso deberá de motivarse en la resolución por la que se adopte dicha medida.

4)     Si se realiza con carácter excepcional por no existir otro medio de investigación del delito, que sea menos dañoso para los derechos y libertades fundamentales del sujeto sobre el que se ejecuta.

  • Si se realiza con atención al principio de especialidad, que exige que la medida esté relacionada con la investigación de un delito concreto, nunca para prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.

6)     Si se realiza con estricta observancia del principio de proporcionalidad, es decir, si la medida se autoriza por ser necesaria para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, como es la defensa del orden y prevención de delitos calificables de infracciones punibles graves, y es idónea e imprescindible para la investigación de los mismos.

Habrá de tratarse en cualquier caso, según la jurisprudencia, de un delito de carácter grave que deberá ser específicamente referido en la resolución por la que se adopte la medida.

  • Que se adopte con carácter temporal, el cual ha de ser expresamente detallado en la resolución por la que se adopte la medida. La LECrim autoriza que la misma se adopte por periodos trimestrales si bien no regula el plazo máximo de duración al no fijar un límite máximo de prorrogas a adoptar.
  • Que se haya constatado por la autoridad judicial una relación entre la persona investigada, para la que se solicita del órgano judicial competente la adopción de una intervención telefónica, y el delito, que se manifieste a través de indicios de delito que han de fundarse en «datos fácticos o indicios», en «buenas razones o fuertes presunciones»  o en los términos en los que se expresa el actual art. 579 LECrim en «indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa» (art. 579.1), o «indicios de responsabilidad criminal» (art. 579.3).
  • Que se indiquen los número de teléfonos que van a ser objeto de intervención, así como la determinación del destinatario de la medida quien ha de ser el titular del derecho al secreto de las comunicaciones y quien no tiene que coincidir necesariamente con el dueño del teléfono intervenido.

[1] Entre otras: STC núm. 26/2006 de 30 enero,  núm. 165/2005 de 20 de junio, núm. 184/2003 de 23 de octubre , núm.  167/2002 de 18 de septiembre, núm. 171/1999 de 27 septiembre, núm. 49/1999 de 5 de abril, STS 12 septiembre de 1994, Auto TS de 18 de junio de 1992, STEDH de 6 de septiembre de 1978, caso  Klass y de 15 de junio de 1992, caso Lüdi.

María Navarro García | Abogada en López de Castro Abogados

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