Derecho al olvido: ¿Qué es y en qué consiste? -
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Derecho al olvido: ¿Qué es y en qué consiste?

Abogados en Sevilla especialistas en derecho mercantil, familia y penal

09 Nov Derecho al olvido: ¿Qué es y en qué consiste?

Cada vez estamos más familiarizados con este concepto: derecho al olvido, pero ¿sabemos verdaderamente qué es y en qué consiste? En el siguiente post se pondrá de manifiesto no sólo la definición conceptual y material del derecho al olvido sino además se entrará a conocer de recientes pronunciamientos legislativos y jurisprudenciales en la materia.

Recientemente estando con amigos y familiares he podido observar como dicho término va calando poco a poco en el vocabulario de todos, pero que son muy pocos los que verdaderamente conocen qué hay tras ese “derecho al olvido”. Si bien es cierto que el conocimiento de lo novedoso es escalonado, siempre llega a unos antes que a otros, no es menos cierto que sean los primeros los que mejor se manejan con el término.

Como dato curioso ha de indicarse que España es uno de los países pioneros en conocer más y más acerca de este derecho, y ello dado a que las dudas no son pocas. Este derecho se ha vertebrado en nuestro ordenamiento jurídico a través de la sonada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2.014 en el asunto “Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) c. Google Spain, S.L.”, cuyo fallo introduce la posibilidad efectiva del ejercicio de este derecho en nuestro país.

Pero ¿qué es el derecho al olvido exactamente? Es un concepto relativamente amplio que está relacionado con el Habeas data –tenencia y/o almacenamiento de datos– y la protección de datos personales y puede definirse como el derecho a salvaguardar la reputación, o procurar la tranquilidad de las personas, desligándolas de acontecimientos que les afecten.

Por ello hemos de matizar en qué consiste dicho derecho y es la facultad de que dispone cada persona (por ende titular de sus propios datos) para que dicha información que se encuentra accesible públicamente sea borrada o bloqueada por considerarse tal información obsoleta para el fin con el que se publicó y que sigue, de alguna manera, afectando al desarrollo personal de los ciudadanos.El derecho al olvido reúne dos derechos tradicionales en el ordenamiento jurídico español como son el derecho de cancelación y el derecho de oposición. La cancelación tiene como consecuencia el bloqueo o inaccesibilidad de los datos en buscadores, mientras que el derecho de oposición otorga la herramienta jurídica necesaria para que el ciudadano pueda negarse al tratamiento de sus datos personales en caso de que no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, cuando se trate de ficheros con fines publicitarios y de prospección comercial, y cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal.

Tras la publicación de la sentencia del pasado 13 de mayo de 2.014 anteriormente referida las autoridades europeas tomaron en consideración una serie de criterios para que la aplicación de la misma estuviese regida por principios de unidad y que así no causase mayor o menor protección a los ciudadanos según el territorio cuya normativa de protección de datos le fuese de aplicación. Así, tal y como precisa la propia AEPD –encargada a nivel nacional de velar por este derecho–, entre esos criterios merecen ser destacados los siguientes:

  • Responsabilidad de los motores de búsqueda: Al ser los motores de búsqueda (Google, Yahoo, Bing… etc.) quienes realizan el tratamiento de los datos personales, son ellos los encargados en soportar las responsabilidades propias en este campo, en particular se les obliga a respetar los derechos de cancelación y derechos de oposición reconocidos a todos los individuos.
  • Análisis caso por caso: La actividad de los buscadores tiene un impacto directo en los derechos de privacidad y de protección de datos personales y ello porque el acceso a múltiples plataformas y canales de información que facilitan dichos motores de búsqueda posibilitan la elaboración de perfiles. La gravedad potencial de dicho impacto ha hecho considerar a las autoridades europeas a hacer prevalecer los derechos personales de los individuos sobre los intereses económicos de los buscadores. No obstante, y en aras de no ocasionar el colapso de la actividad de las mercantiles tras los buscadores cibernéticos obliga a la ponderación caso a caso, y ello para garantizar que dicha prevalencia de derechos y/o intereses se ajuste a criterios de equidad.
  • No se elimina la información: el mismo texto de la sentencia aclara que la extensión de los derechos de oposición y cancelación sólo alcanza a aquellos resultados obtenidos de la búsqueda realizada con el nombre de la persona y no implica, por tanto, que la página web deba ser suprimida de los índices del buscador (desindexada) ni de su fuente original. En consecuencia la información sigue estando “viva” en la página web original y accesible desde el buscador si se introduce otro dato diferente.
  • Libertades de expresión e información: El reconocimiento del derecho al olvido no ha implicado una merma de estas dos libertades; por el contrario se ha de matizar que si la información sobre la que se pretende ejercitar las acciones que confiere el derecho al olvido gozan de carácter o relevancia general por afectar a una figura pública no por ello procede reconocer el derecho al olvido. De lo contrario muchos políticos hubieran hecho cola en la Agencia para eliminar “su rastro”.
  • Ejercicio de derechos: el ejercicio del derecho se puede ejercer directamente al buscador sin necesidad de recurrir al editor web primario; pues puede suceder, como ocurre frecuentemente, que si bien la información que aparece en la web es conforme a la legalidad vigente, su indexación no sea acorde, y ello puede tener un impacto desproporcionado sobre la privacidad del individuo por la mera introducción de su nombre personal en el buscador web.
  • No afección a los buscadores internos: dado que los buscadores internos de las web no permiten la construcción de este perfil personal (con interés económico) no quedan afectados por el texto de la sentencia.

Estos criterios, entre otros muchos, son los que llevan a la relativización de dicho derecho, pues no hemos de olvidar que son muchos derechos de naturaleza constitucional los que entran en juego en el reconocimiento de este derecho (libertad de expresión, de información, de desarrollo personal, de empresa…), y que en ningún el TJUE ha generado un derecho absoluto al olvido.

La necesidad de determinación del alcance de este derecho ha provocado que el derecho al olvido no caiga, valga la redundancia, en el olvido. Desde el año pasado hemos ido conociendo pronunciamientos de este derecho en diferentes vertientes:(i) Así pues encontramos la Sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de junio de 2.015[1]en la que el actor ejercitó el derecho de oposición al tratamiento de sus datos personales por la indexación de la información contenida en varios artículos del diario El País en 1993 y 1994 que aparecían al introducir su nombre y apellidos en relación al ingreso en prisión por fraude a la hacienda. La ponderación de los jueces en este caso se atuvo a un criterio temporal: transcurso de 20 años, junto con el hecho de su posterior absolución y careciendo el actor de carácter de figura pública. En relación este mismo medio (“El País”) encontramos pronunciamientos de derecho al olvido de 5[2], 10[3], dos del 12[4],[5],  19[6], 20[7],24[8] de febrero de 2.015 y de 9[9] de junio de 2.015. (ii) Asimismo encontramos pronunciamientos incluyentes y que descartan el ejercicio del derecho en cuanto al carácter o no de “relevancia pública” –por aquello de su posible uso por políticos– (sentencias de 10[10] de febrero y 5[11] de junio de 2.015). (iii)También encontramos el reconocimiento de este derecho cuando se ejercita frente a informaciones contenidas en el Boletín Oficial del Estado BOE (las más recientes son de 11[12] y 16[13] de junio de este año). (iv) O de publicación de datos en Blogs (sentencias de 17[14] y 24[15] de febrero de 2.015).

Muy recientemente, el pasado 15 de octubre de 2.015, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado su primera sentencia en materia de derecho al olvido. En la misma línea que la Audiencia Nacional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el Alto Tribunal viene a confirmar que el reconocimiento del derecho al olvido no implica la supresión de la información de la fuente web, sino que su alcance está limitado o restringido a la “buscabilidad” de la información a través de los diferentes motores de búsqueda. La sentencia recuerda que el llamado «derecho al olvido digital» no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos. Y tampoco justifica que aquellos que se exponen a sí mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su gusto, eliminando de Internet las informaciones negativas.

El derecho al olvido no quedó estático en mayo de 2.014, la relación de sentencias que se han ido relatando anteriormente lo pone de manifiesto, y es que todavía queda mucho por construir.

 

 

Juan Carlos Guerrero | Abogado

López de Castro Abogados.

es.linkedin.com/in/juancarlosguemar

 

[1] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 268/2015 de 11 de junio.  [Id Cendoj: 28079230012015100225].

[2] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 86/2015 de 5 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100053].

[3] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 76/2015 de 10 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100033].

[4] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 89/2015 de 12 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100045]

[5] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 95/2015 de 12 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100064].

[6] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 105/2015 de 19 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100048].

[7] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 128/2015 de 20 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100091].

[8] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 276/2013 de 24 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100043].

[9] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 263/2015 de 9 de junio [Id Cendoj: 28079230012015100220].

[10] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 77/2015 de 10 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100034].

[11] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 267/2015 de 5 de junio [Id Cendoj: 28079230012015100224].

[12] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 273/2015 de 11 de junio [Id Cendoj: 28079230012015100215].

[13] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 308/2015 de 16 de junio [Id Cendoj: 28079230012015100266].

[14] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 107/2015 de 17 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100062].

[15] Audiencia Nacional, (Sala de lo contencioso-administrativo), Sentencia núm. 82/2015 de 24 de febrero [Id Cendoj: 28079230012015100040]

 

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