Consecuencias jurídicas del bullying (acoso escolar)
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Consecuencias jurídicas del bullying (acoso escolar)

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15 Feb Consecuencias jurídicas del bullying (acoso escolar)

 

La palabra bullying fue utilizada por primera vez por el psicólogo noruego Dan Olweus en 1973, a raíz de sus estudios realizados en la década de 1970 sobre la intimidación de los niños en las escuelas.

Según D. Olweus «un estudiante se convierte en víctima de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada y a lo largo de un tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros estudiantes.». Supone así una acción de acoso prolongada y sistemática de un alumno por parte de otro, o de un grupo, y está compuesto de conductas que incluyen burlas, aislamiento, amenazas, agresiones físicas, etc.

 No debemos confundir el bullying con los supuestos de violencia escolar. En el primero de estos, las conductas de acoso acontecen entre compañeros, mientras que en los casos de violencia escolar entran en juego todos los miembros de la comunidad educativa, pudiendo concurrir supuestos de violencia de profesores a alumnos, de alumnos a profesores o entre los propios compañeros.

La lucha por erradicar el acoso escolar en todas las escuelas del mundo ha propiciado que en el plano internacional se aúnen esfuerzos para proporcionar a los niños y niñas un ambiente de paz dentro de las escuelas, eliminando todas aquellas barreras que supongan una quiebra de las condiciones de igualdad, integridad y respeto. Estos esfuerzos se ven plasmados entre otros textos en: el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración del Milenio, etc.

Sin embargo, a pesar de este amplio reconocimiento de derechos por parte de la normativa internacional, nuestro ordenamiento jurídico penal nacional no prevé un tipo delictivo concreto de bullying. Ante la falta de regulación, el acoso escolar debe encontrar su sanción a través del art. 173.1 del Código Penal en el que se prevé:

 «1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima».

Según la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (Sentencia núm. 819/2002 de 8 de mayo), se entiende por trato degradante «el que puede crear en las víctimas sentimientos de terror, de angustia y de inferioridad o humillación». Además, en la misma sentencia la Sala sostiene que la expresión «trato degradante» presupone cierta permanencia, o al menos repetición, del comportamiento degradante, pues en otro caso no habría «trato» sino simplemente «ataque».

En estos supuestos, cada vez más habituales en la práctica, los centros educativos deben recordar las exigencias impuestas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como por la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En virtud de esta última, los centros escolares se encuentran obligados a resolver y mediar en este tipo de conflictos, ya sean planteados por los propios padres de los niños afectados o  por los propios estudiantes. Asimismo, el cuerpo de esta norma impone a los centros escolares la obligación de adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y para impedir la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia del centro para cuyo fin se potenciará la comunicación constante y directa con los padres o representantes legales de los alumnos.

Sin embargo, en muchas ocasiones estas comunicaciones no logran poner freno a la situación de acoso sufrida, viéndose los padres abocados a denunciar estos hechos ante la jurisdicción penal.

En este último caso, la responsabilidad penal por los hechos denunciados va a depender de la edad que posea el responsable.

De este modo, si los hechos delictivos han sido cometidos por un menor de 14 años –como es habitual si nos encontramos en un colegio de de enseñanza primaria donde concurren menores de entre 6 y 12 años, o bien de hasta 14 años si el centro abarca también la educación secundaria– conforme al art. 3 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, no se le exigirá responsabilidad penal al ser un sujeto inimputable.

 No obstante, aunque no exista responsabilidad penal por los hechos el denunciante tendrá derecho a reclamar la responsabilidad civil subsidiaria por los daños físicos o morales causados al alumno. Esta responsabilidad encuentra su amparo en distintos preceptos; en el art. 1903 del Código Civil, donde se prevé que «Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias.», así como en los arts. 120.3 y 121 del C.P.

Por el contrario, si el presunto responsable posee entre 14 y 18 años, le será de plena aplicación la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, pudiendo imponérsele como responsabilidad por los hechos, medidas consistentes en: (a) internamiento en régimen cerrado, (b) internamiento en régimen semiabierto o abierto, (c) internamiento terapéutico, (d) tratamiento ambulatorio, (e)asistencia a un centro de día, (f) permanencia de fines de semana, (g) libertad vigilada, (h) prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima, (i) trabajos en beneficio de la comunidad, etc. La elección de la medida se realizará en atención a la valoración jurídica de los hechos, la edad, circunstancias familiares y sociales del responsable, así como del interés del menor.

Por último, si el autor ostentase la edad de 18 años -supuesto no muy habitual- el sujeto quedaría sometido a la jurisdicción penal, aplicándose la responsabilidad prevista en el art. 173.1 C.P. que expusimos con anterioridad.

María Navarro García. Abogada en López de Castro Abogados

@marvangar

 

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